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***Los gobiernos más violadores de derechos humanos (DD.HH.) están en control del órgano de Naciones Unidas (NN.UU.) que se ocupa de esta materia, en una especie de deja vu de lo que llegó a ser la fenecida Comisión y por lo cual se creó este Consejo.
Por Alfredo Michelena
Hace 16 años se aprobó la creación de Consejo de DD.HH. de NN.UU. que reemplazó a la Comisión de DD.HH., que ya tenía 60 años de labores.
El Secretario General Koffi Annan había creado el Grupo de Alto Nivel sobre las Amenazas, los Desafíos y el Cambio, que presentó su informe en 2004, y que dio origen a la creación del Consejo de DD.HH., en 2006, con solo tres votos en contra y la abstención de la Venezuela chavista, junto a Irán y Bielorrusia.
El Grupo de Alto Nivel, encontró varios defectos en el devenir de la Comisión, entre ellos que había gobiernos violadores consecuentes de DD.HH. que regularmente formaban parte del los 53 miembros del coso multilateral. Y se denunciaba un sesgo hacia ellos, en especial hacia Irak, Irán, Libia, China, Rusia y los países miembros de la Organización para la Cooperación Islámica.
El nuevo Consejo ya como órgano independiente del ECOSOC trajo varias reformas. Entre ellas la reducción del número de miembros a 47 y la obligatoriedad de un Examen Periódico Universal (EPU) a cada país. Así como un mayor protagonismo de la sociedad civil (ONG).
Así las cosas, la esperanza de que estos cambios fueran a favor de la defensa de los DD.HH. de las personas creció con mucho entusiasmo. Pero la realidad pesó más que las buenas intensiones de los legisladores – o al menos de algunos de ellos-.
Progresivamente el nuevo Consejo comenzó a ser objeto de críticas por parte de las ONG y los gobiernos occidentales. Incluso EE.UU. se retira, durante la presidencia de Donald Trump, acusando al Consejo de adoptar una posición antiisraelí y ser “protector de los países infractores de los derechos humanos”.
Con Biden, EE.UU. ha reanudado su participación.
Tres lustros después de su creación el Consejo de DD.HH. parece adolecer de los mismos males, o al menos de muchos de los que existían en el pasado.
La puja de occidente para promover y proteger los DD.HH. es percibida por los gobiernos de países en desarrollo y en particular por africanos, como selectiva hacia ellos.
El EPU a cada país se aprecia como una la política de “señalar y avergonzar”, asunto que parece funcionar con los gobiernos comprometidos con el respeto y la promoción de estos derechos universales, pero hace poca mella en otros.
Muchos de estos últimos contraatacan señalando que los países poderosos no son objeto de resoluciones condenatorias y si lo son, son muy ligeras. Y señalan a EE.UU. y a China, como ejemplos.
Esto nos recuerda una de las aseveraciones del mencionado Grupo de Alto Nivel, cuando señalaba que, varios “Estados que se han hecho parte en la Comisión no para afianzar los derechos humanos sino para protegerse contra críticas o para criticar a otros”.
En la actualidad nos encontramos que países reconocidos por sus violaciones a los DD.HH, como Pakistán, Mauritania, Qatar, Somalia, Rusia, Libia, Cuba, Eritrea, Venezuela, China, Gabón, Burkina Faso, Indonesia, Sudan, México, Filipinas y Nepal son parte de este selecto Consejo. Incluso que Somalia, Indonesia y Cuba sirven como relatores (“troika”) para el EPU de Venezuela. Se estima que dos tercios de los miembros del Consejo son países con gobiernos autoritarios y es allí donde está el problema.
Esto no niega la importancia de la Comisión y el Consejo de DD.HH. y otros órganos regionales, como la CIDH de la OEA, en la defensa de estos derechos, aunque sea solo como mecanismo de denuncia y registro de sus violaciones y avances. El Consejo de DD.HH. de NN.UU. al no tener capacidad de sancionar, como su homologa de la OEA o la europea, es poco lo que puede hacer si los perpetradores no están dispuestos a cambiar.
Su valor no está solo en que se harán públicas las violaciones y los compromisos no cumplidos de los gobiernos violadores de DD.HH., y que tendrán que lidiar con los mecanismos de supervisión y control creados -incluyendo ahora las ONG- durante los casi 75 años desde que se firmó la Declaración Universal de los DD.HH., sino que además se ha codificado una normativa universal que sustenta el modelo de humanidad hacia el cual queremos dirigirnos.
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