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La política migratoria de los EE. UU. hacia Venezuela, en este siglo, ha zigzagueado de puertas abiertas a puertas cerradas, a la reciente de rígido control migratorio. Mientras, los venezolanos que viven allá sufren una estancada y trágica provisionalidad en su estatus legal.
Por Alfredo Michelena
La reciente política migratoria de los EE.UU. hacia los venezolanos, es un cambio drástico frente a la de puertas abiertas que se venía aplicando. Y esta a su vez fue un cambio a la implementada por Donald Trump de puertas cerradas.
La política (anti) migratoria de Trump no fue solo la muy cacareada construcción del infame muro que evitaría el paso de migrantes. Lo más relevante fue su política de represión y “cero tolerancia”, que apresó a miles de migrantes, violando sus derechos humanos (DD.HH), así como las restricciones a los solicitantes de asilo, entre otras cosas.
Biden se inicia con una política de puestas abiertas. Recordemos que afirmó que no devolvería a los venezolanos, cubanos o nicaragüenses a esos países en donde se violaban los DD.HH.
Sin duda, esta loable posición atizó las migraciones hacia el norte.
Hace una década escribía que la migración venezolana, la que comenzamos a llamar la de los “caminantes”, se iba al sur, pues el tampón o paso de Darién era un infranqueable obstáculo natural para subir al norte. Ya eso no es así.
El aumento de la xenofobia en los países receptores en el sur, su dificultad de metabolizar el creciente volumen de venezolanos -sin negar el esfuerzo hecho por esos gobiernos para recibirlos y legalizar su permanencia-, así como papel del seductor “sueño americano”, aunados a una cierta manipulación política y el trabajo de las mafias trasnacionales, pusieron a nuestros “caminantes” en movimiento al norte. Claro, esto dentro de un cuadro de crisis económica y catástrofe humanitaria que sufre el país.
La migración venezolana a los EE.UU. ha crecido exponencialmente en las dos primeras décadas del siglo, de 91.507 a 457.759; un aumento del 500%. Y en estos dos años de Biden habrían entrado solo por México al menos 150.000 más, según el New York Times
Era de esperarse que la administración Biden haría algo para modificar su atractiva política de puertas abiertas, que le permitía a los solicitantes de asilo de Venezuela esperar revisión de su caso frente a un juez en EE.UU, con permiso de trabajo. Es decir, sin estar encerrado en jaulas y tener que esperar en México una decisión, como se hacía en el período de Trump.
Que la administración Biden ponga un límite y condiciones al ingreso de migrantes venezolanos -deben llegar por avión, estar patrocinados, vacunados y sin otra residencia o nacionalidad, entre otras-, puede que no nos guste, pero es su derecho, como país soberano. Que trate de regularizar el flujo y tipo de migrante que considere más útil para su país, suena muy desagradable, pero es en lo que estima cada país que recibe migrantes.
Pero el asunto va más allá, pues no se trata de una migración cualquiera; es el corte drástico del ingreso de personas en busca de refugio.
El acuerdo temporal México-EE.UU. para aceptar a los venezolanos devueltos en la frontera, le permite a EE.UU. cumplir con el principio de nodevolución, a Venezuela.
Pero hay más, en esta negociación los mexicanos consiguen 40.000 visas adicionales de trabajo para sus nacionales, de las 65.000 que los EE.UU. otorgará a migrantes temporales no agrícolas y una buena tajada de la ayuda humanitaria adicional de $199 millones que irán a México y Centroamérica, para los migrantes venezolanos.
Pero, el porvenir de los venezolanos devueltos no está claro, aun. ¿Qué estatus recibirán en México,? ¿Solicitantes de asilo? ¿Está México preparado para darles refugio o para absorberlos en su sociedad? ¿Qué apoyo internacional adicional y nacional tendrán? Hay muchas preguntas sin respuesta.
Se argumenta que el nuevo modelo se asemeja al aplicado a los ucranios, Pero para Ucrania se aceptarán 100.000 migrantes, mientras que para Venezuela solo 24.000, cuando el volumen de migrantes venezolanos, de más de 7 millones, supera al ucraniano.
Esta política apunta a disminuir el flujo de los “caminantes”, y restringir y controlar la entrada de migrantes venezolanos. Pero no avanza en una solución de la situación legal para los cientos de miles que habitan en el norte de América.
En EE.UU más de medio millón de ellos viven con un futuro incierto, con un status migratorio provisional, sin vías claras de solución. Son los 350.000 bajo el TPS, que las autoridades puede renovar o no cada dos años, y los más 150. 000 solicitantes de asilo provenientes de la frontera sur, cuyos casos están en las cortes. Y para ellos no avizoran vías para obtener una residencia permanente.
Del otro lado, en México, encontramos miles de familias venezolanas frustradas en sus ilusiones de una vida mejor, que ahora intentarán o pasar ilegalmente a EE.UU. o consolarse con recomenzar su vida en México o volver al sur. Trágicas opciones para quienes huyen de una crisis humanitaria para caer en otra.
Al final es el “efecto Venezuela”, producto del castrochavismo en el poder, que los gobiernos de las Américas no quisieron enfrentar a tiempo
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