El 25 de junio, Reuters informó que un grupo de inversores que tenían bonos venezolanos habían contratado al bufete de abogados Orrick, Herrington & Sutcliffe para que los representara en la futura reestructuración planificada de la deuda de Venezuela. El grupo, conocido como Comité de Acreedores de Venezuela (VCC), incluye firmas de gestión de activos como Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC, Greylock Capital, Mangart Capital, T Rowe Price Associates, Inc y Fidelity Investments. Esta medida se produce tras el incumplimiento de Venezuela de su deuda de 60.000 millones de dólares en 2017 bajo la administración de Nicolás Maduro, que incluía obligaciones tanto del gobierno como de la petrolera estatal PDVSA. Una figura clave en este escenario, David Syed, anteriormente en Orrick y ahora en Dentons Europe, ha sido el representante legal de Venezuela en las negociaciones de reestructuración de deuda desde 2017. Syed, que opera desde Praga, coordina con abogados venezolanos en Caracas. Este esfuerzo legal y de cabildeo involucra a múltiples partes interesadas, incluido el gobierno venezolano e inversionistas internacionales, con el objetivo de navegar por el complejo panorama financiero y posiblemente incluir privatizaciones y negociaciones con la oposición. Expertos consultados por La Gran Aldea revelaron que inversionistas y tenedores de bonos fueron informados que, tras la anticipada reelección de Maduro el 28 de julio, se iniciaría un proceso de renegociación de la deuda. Esto implica un canje de deuda por nuevos bonos que se emitirán a principios de 2025, lo que requerirá una nueva licencia de la OFAC de Estados Unidos. Además de necesitar la aprobación de Estados Unidos, Maduro busca urgentemente inversiones de capital internacional en colaboración con Pdvsa, sinónimo en términos chavistas de privatización. El gobierno también busca el apoyo de la oposición para la renegociación de la deuda. Si bien las decisiones se toman desde Europa, la representación legal venezolana, que involucra a firmas como Dentons y Alfredo De Jesús Ojeda, maneja importantes casos de arbitraje, incluido el notable caso de expropiación de ConocoPhillips por valor de 8.700 millones de dólares. Curiosamente, un exdiputado de la oposición involucrado en estos asuntos ocupa simultáneamente un puesto clave en un importante partido político, cuestión que los dirigentes de su partido pasan por alto. El evento de Londres ha sacado a la luz algunas de estas cuestiones para una mayor investigación. Texto original de Alejadro Hernández publicado en -> LaGranAldea

After the U.S. dropped a broad array of sanctions against Venezuela in October, it warned that it could reimpose all of them, except one. The White House admitted that its ban on buying Venezuelan bonds was a failure that had potentially benefited enemies of the U.S.  Behind the scenes, a group of powerful Wall Street investors had been feeding Washington a stream of evidence that showed Venezuelan bonds were being traded by investors with ties to Russia. They said Moscow was hoping to gain influence in the U.S.’s backyard. The Biden administration said dropping the debt-trading ban “would have the positive effect of displacing nefarious players in this market.” It was the first time the U.S. publicly acknowledged that banning U.S. investors from buying debt of a sanctioned country could backfire. By Kejal Vyas and Alexander Saeedy. Full Text -> WSJ