En los últimos años, el gobierno venezolano, bajo Nicolás Maduro, ha implementado una serie de reformas económicas, lo que marca un cambio significativo con respecto a las políticas socialistas de Hugo Chávez. Esta “perestroika” en Venezuela incluye devolver empresas previamente expropiadas a propietarios privados y formar nuevas alianzas con grupos empresariales como Fedecámaras. El escándalo de corrupción en curso que involucra a PDVSA-Cripto ha provocado el arresto de más de 65 funcionarios y empresarios y una agitación significativa dentro del sector privado. Este escándalo, junto con las reformas económicas, indica una sinergia cada vez mayor entre el Estado y los sectores privados. Las reformas incluyen la eliminación de aranceles y controles, lo que resulta en cierto crecimiento económico y una reducción menor de la pobreza. Sin embargo, este cambio beneficia principalmente a las zonas urbanas y crea grandes disparidades económicas. Las políticas de Maduro apuntan a estabilizar su poder fomentando nuevas élites económicas mientras mantienen una relación compleja con las tradicionales. El surgimiento de una clase rica “boliburguesía”, financiada a través de medios controvertidos, subraya aún más la intrincada interacción entre la corrupción estatal y la empresa privada. A medida que se acercan las elecciones del 28 de julio, estas dinámicas son cruciales para comprender el cambiante panorama político y económico de Venezuela. La sucursal de Caracas del Centro Comercial Sambil, expropiada por Hugo Chávez en 2008, fue devuelta a sus propietarios originales, la familia Cohen, lo que destaca un cambio en el enfoque del gobierno venezolano hacia los negocios. Este cambio marca una tendencia más amplia de rentabilidad de activos y una mayor cooperación entre el gobierno de Maduro y los sectores empresariales tradicionales. Por ejemplo, la asistencia de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a la asamblea anual de Fedecámaras en 2021 supuso un cambio notable con respecto a tensiones pasadas. El periodista económico Pedro Pablo Peñaloza sugiere que este acercamiento beneficia a ambas partes, permitiendo a las empresas impulsar reformas mientras el gobierno gana influencia. Sin embargo, críticos como María Corina Machado y Juan Pablo Olalquiaga sostienen que esta cooperación legitima al gobierno sin producir beneficios económicos sustanciales. Mientras tanto, persisten los desafíos económicos, incluida la inflación, los bajos ingresos, la falta de inversión extranjera y el deterioro de los servicios públicos. El economista Luis Bárcenas señala que estos problemas estructurales obstaculizan el crecimiento potencial, a pesar del cauto optimismo entre algunos líderes empresariales. Además, el acercamiento de algunos sectores empresariales tradicionales hacia el régimen de Maduro ha provocado descontento entre la oposición de línea dura y las facciones de izquierda radical, lo que demuestra aún más el complejo y controvertido panorama de la política y la economía venezolanas. Texto original por Tony Frangie Mawad publicado en->NuevaSociedad