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Todo parece haber comenzado con el aumento del precio de un billete de metro en Santiago. Las protestas siguieron por una combinación de factores sociales, económicos y políticos, pero también por la acción política de una constelación de grupos y ONG que se articulaban en luchas reivindicativas concretas, con la idea de sobrepasar la capacidad de ser controladas por el Estado y llegar a saturar la sociedad que se vuelve ávida de un cambio.
Primero las protestas
En octubre de 2019, estallaron protestas en Chile por un aumento propuesto en las tarifas del metro. Ellas continuaron y crecieron en tamaño e intensidad, enfocándose más ampliamente en temas como la desigualdad de ingresos, el alto costo de vida, los sistemas de salud y educación inadecuados y la corrupción generalizada.
Muchos manifestantes sintieron que el gobierno no estaba en sintonía con las necesidades y preocupaciones de la gente y que priorizó los intereses de la élite adinerada sobre los de los ciudadanos comunes. También hubo ira por la brutalidad policial y la respuesta de mano dura del gobierno a las protestas.
Las protestas pacíficas al principio, se volvieron violentas, con enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, saqueos e incendios provocados en propiedades públicas y privadas. El gobierno declaró el estado de emergencia y desplegó el ejército para sofocar los disturbios, pero esto solo inflamó aún más las tensiones.
Las protestas continuaron en 2020, incluso cuando la pandemia de COVID-19 se extendió por todo el país, causando trastornos sociales y económicos generalizados. Esto aumentó la insatisfacción de muchos chilenos con el statu quo. Pero, ¿cómo un país en pleno desarrollo económico, cuyos niveles de pobreza habían disminuido significativamente y cuya integración internacional seguía creciendo, se convirtió en objeto de tal crisis social y política?
Según el chileno Alexis López Tapia, esta es la concreción de la propuesta de la “revolución molecular disipada”. La idea es deconstruir el poder en la sociedad a través de acciones convergentes de pequeños grupos (moléculas) difíciles de capturar, ya que se “disipan” y se reconstruyen una vez que han actuado. La clave está en que estos grupos aprovechen la disonancia social y, a partir de ahí, generen una crisis que se transformará en un conflicto que escale y se desborde, aparentemente de manera irracional. Pero el objetivo es siempre el cambio político, no las demandas que originaron el tema.
Una nueva constitución
Este proceso llevó a un cambio radical en la élite gobernante, que resultó en el desplazamiento de los partidos tradicionales y la selección de nuevos grupos políticos, pero atomizados. Las elecciones de 2021 llevaron a Gabriel Boric a la presidencia frente a la derecha. José Antonio Kast. A partir de allí, esta nueva generación de políticos, alineados con la izquierda, algunos con la extrema izquierda y otros más hacia la socialdemocracia, procedieron a implementar una de sus promesa electorales: el cambio de la constitución, una constitución que había sido acordada con la dictadura de Pinochet. .
La propuesta de Constitución fue desarrollada por la Convención Constitucional durante un año, y el 4 de julio de 2022 se entregó el texto final y oficial. Este texto fue rechazado en plebiscito en septiembre de ese año por el 61,86% de los votantes.
Una propuesta de izquierda ganada por la derecha.
Sorprendido por el resultado, el gobierno insistió en la necesidad de una nueva constitución y creó una mesa de negociación en el Congreso Nacional con representación de todas las fuerzas políticas. Luego de difíciles negociaciones, decidieron crear un Consejo Constitucional para discutir y aprobar una nueva propuesta de Constitución Política. Este organismo tendría 50 miembros que fueron elegidos el 7 de mayo.
En estas elecciones ganaron los ultraconservadores de derecha. La victoria de la derecha se debió a varios factores, incluido el rechazo del texto propuesto que muchos consideraban demasiado extremo. Además, los partidos de derecha realizaron una fuerte campaña enfocada en temas como la inseguridad, la inflación y la migración, que resonó entre muchos votantes chilenos que están preocupados por estos problemas.
El Partido Republicano, encabezado por el líder derechista de línea dura José Antonio Kast, ganó más de un tercio de los votos en las elecciones, lo que marcó un cambio significativo con respecto a la mayoría izquierdista que lideró el anterior intento fallido de redactar una nueva constitución. Kast defiende abiertamente el régimen militar de Pinochet, y la victoria de su partido refleja un cambio hacia valores más conservadores entre el electorado chileno.
El triunfo de los partidos de derecha en estas las elecciones en Chile muestra no solo un cambio importante en ese país, pero también la polarización de una sociedad, había navegado un proceso de concertación de las fuerzas política por varias décadas ejemplo de gobiernos colectivos y de traspaso de poder de uno a otro partido. En una especie del recuerdo de la Venezuela de los 40 años de democracia.
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