This Sunday’s presidential election in Venezuela, contested by opposition candidate Edmundo González against incumbent Nicolas Maduro, is fraught with tension and uncertainty. Maduro, in power since 2013, has been criticized for electoral fraud and using public institutions to maintain control. Recent reports indicate over 70 arbitrary detentions during the election campaign, but the opposition’s campaign has revitalized its support base, making this Maduro’s toughest electoral challenge in 25 years. The stakes are high, with Venezuela’s economic future on the line. Under Maduro, Venezuela has suffered severe economic decline, exacerbated by US sanctions. If González wins, there is potential for significant change, including the lifting of sanctions and Venezuela leveraging its vast oil reserves to become an energy hub. The international implications of an upcoming election in Venezuela could be significant. If Nicolás Maduro secures victory, it is anticipated that migration from Venezuela will continue, with 18% of surveyed Venezuelans intending to leave by year-end. Maduro’s government remains closely aligned with China, Iran, and Russia, while isolating Venezuela from regional entities like the Organization of American States and Mercosur. Conversely, a win by democratic opposition candidate Gonzalez would be historic, potentially shifting geopolitical dynamics. Gonzalez aims to restore ties with democratic nations, work with international financial organizations, and depoliticize state institutions. His victory could symbolize a revival of representative democracy against a backdrop of global democratic crises. Original text by Stefano Pozzebon, published in -> MicrosoftStar

As Venezuela recovers from a severe economic crisis, many families are increasingly relying on cryptocurrency for remittances, cash payments sent by relatives abroad. Traditionally, these payments are sent through international banks or services like Western Union, which often have high transaction fees and slow processing times. Due to the bolivar’s volatility and governmental restrictions, cryptocurrency offers a faster alternative. Over the past decade, Venezuela has become heavily dependent on remittances, with around 30% of households receiving such payments. In the last year alone, 9% of these remittances were sent via cryptocurrency, representing a significant increase. The country has seen over 7.7 million migrants leave in the last decade, and the Venezuelan immigrant population in the U.S. has surged, affecting cities like New York and Chicago. This rise in migration may influence the U.S. presidential election. In 2023, Venezuelans received more than $5.4 billion in remittances, with $461 million sent through cryptocurrencies. The jump in remittances is partly due to migrants’ efforts to support those they left behind. For example, Paola Moncrieff uses Dogecoin and Binance to transfer funds to her relatives, highlighting the growing role of cryptocurrency in these transactions. The use of cryptocurrency has become a crucial method for sending remittances to Venezuela, providing an alternative to traditional exchange methods hampered by economic instability. While appealing due to the avoidance of official exchange controls, this method is fraught with risks including price volatility and regulatory uncertainties. Peer-to-peer platforms facilitate the exchange of crypto into bolivars, but carry potential dangers such as fraud. Despite these challenges, individuals like Moncrieff and Espinoza find crypto valuable for quickly transferring and holding value amidst severe economic conditions. Binance remains a popular exchange despite its regulatory issues. Original Text by by María Paula Mijares Torres, publishes in -> Bloomberg

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, EE.UU., ha aceptado los argumentos de la administración ad hoc de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) de que la Constitución venezolana sí aplica a los bonos de 2020. Esta decisión se produce luego de que la estatal PDVSA, bajo control de Nicolás Maduro, apalancara el 50,1% de las acciones de Citgo como garantía para la emisión de deuda. El 3 de julio, la Corte declaró válido el recurso de apelación de la junta ad hoc de PDVSA, enfatizando que los bonos no fueron aprobados por la Asamblea Nacional venezolana, dejándolos sin efecto. El fallo se alinea con una decisión anterior de febrero de la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York, que también reconoció la aplicabilidad de la ley venezolana pero aplazó la sentencia final a los tribunales federales. La situación proporciona un alivio temporal para Citgo, ya que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los EE. UU. había extendido previamente una licencia que impedía a los tenedores de bonos actuar contra Citgo hasta el 13 de agosto. Los bonos en cuestión se remontan a un acuerdo de refinanciamiento de 2016 bajo Maduro, al que se opuso por la Asamblea Nacional por apalancamiento excesivo de Citgo. Desde finales de 2017, Venezuela ha incumplido el pago de su deuda externa, agravado por las sanciones estadounidenses desde 2019. Esta decisión marca un punto importante en las batallas legales en curso que involucran a los acreedores venezolanos. Texto original por Ahiana Figueroa, publicado en-> TalCual

Millones de venezolanos se están preparando para votar en las elecciones presidenciales del 28 de julio, con la esperanza de poner fin a la prolongada crisis económica y social del país. Los candidatos primarios son el actual presidente Nicolás Maduro y el líder opositor Edmundo González. La campaña electoral está polarizada y carece de propuestas y debates detallados. Los analistas destacan las reformas necesarias para la recuperación económica, señalando problemas como la hiperinflación, la escasez de bienes básicos y un importante malestar social desde 2014. La economista senior Graciela Urdaneta de Ecoanalítica destaca la importancia de controlar la inflación y estabilizar el tipo de cambio, además de impulsar la industria petrolera. Señala la medida fundamental del gobierno para permitir una mayor participación del sector privado en la producción de petróleo. La transparencia y las mejoras regulatorias también se consideran cruciales. La economía venezolana, que enfrenta una alta inflación y escasos datos oficiales, necesita mejores créditos para las pequeñas empresas y menores impuestos. Marino González, profesor de la Universidad Simón Bolívar, subraya la urgencia de abordar la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela. Aboga por una transición hacia la democracia plena, que requiere acuerdos inclusivos. Además, González afirma la necesidad de fortalecer la estructura económica del país y abordar temas humanitarios como la seguridad alimentaria, la salud, la educación y los servicios públicos. La politóloga Carmen Arteaga destaca la necesidad de una mayor transparencia y el restablecimiento del Estado de derecho y los derechos humanos. Entre 2017 y 2019, organizaciones civiles denunciaron cientos de desapariciones forzadas durante protestas opositoras en Venezuela. En 2020, Robert F. Kennedy Human Rights afirmó que estas desapariciones se utilizaron como herramienta de represión. Sin embargo, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, desestimó el informe y afirmó que la organización carecía de jurisdicción. En marzo, una misión independiente de la ONU observó un resurgimiento de tácticas represivas contra figuras de la oposición. El Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, desestimó estas afirmaciones como afirmaciones infundadas dirigidas a un cambio de régimen. Económicamente, Arteaga enfatizó la necesidad de un cambio radical de las políticas monetarias que causan alta inflación, mientras que Urdaneta elogió los cambios económicos del gobierno que conducen a una mayor estabilidad. Urdaneta también indicó que los votantes ya no temen la privatización y la eliminación de subsidios. González destacó la necesidad de un acuerdo político claro e inclusivo y una gobernanza competente para atraer inversiones y abordar problemas estructurales, lo que podría alentar el regreso de los venezolanos que se fueron debido a la crisis económica. Texto original por Gonzalo Zegarra, publicado en -> Yahoo!

En los últimos años, el gobierno venezolano, bajo Nicolás Maduro, ha implementado una serie de reformas económicas, lo que marca un cambio significativo con respecto a las políticas socialistas de Hugo Chávez. Esta “perestroika” en Venezuela incluye devolver empresas previamente expropiadas a propietarios privados y formar nuevas alianzas con grupos empresariales como Fedecámaras. El escándalo de corrupción en curso que involucra a PDVSA-Cripto ha provocado el arresto de más de 65 funcionarios y empresarios y una agitación significativa dentro del sector privado. Este escándalo, junto con las reformas económicas, indica una sinergia cada vez mayor entre el Estado y los sectores privados. Las reformas incluyen la eliminación de aranceles y controles, lo que resulta en cierto crecimiento económico y una reducción menor de la pobreza. Sin embargo, este cambio beneficia principalmente a las zonas urbanas y crea grandes disparidades económicas. Las políticas de Maduro apuntan a estabilizar su poder fomentando nuevas élites económicas mientras mantienen una relación compleja con las tradicionales. El surgimiento de una clase rica “boliburguesía”, financiada a través de medios controvertidos, subraya aún más la intrincada interacción entre la corrupción estatal y la empresa privada. A medida que se acercan las elecciones del 28 de julio, estas dinámicas son cruciales para comprender el cambiante panorama político y económico de Venezuela. La sucursal de Caracas del Centro Comercial Sambil, expropiada por Hugo Chávez en 2008, fue devuelta a sus propietarios originales, la familia Cohen, lo que destaca un cambio en el enfoque del gobierno venezolano hacia los negocios. Este cambio marca una tendencia más amplia de rentabilidad de activos y una mayor cooperación entre el gobierno de Maduro y los sectores empresariales tradicionales. Por ejemplo, la asistencia de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a la asamblea anual de Fedecámaras en 2021 supuso un cambio notable con respecto a tensiones pasadas. El periodista económico Pedro Pablo Peñaloza sugiere que este acercamiento beneficia a ambas partes, permitiendo a las empresas impulsar reformas mientras el gobierno gana influencia. Sin embargo, críticos como María Corina Machado y Juan Pablo Olalquiaga sostienen que esta cooperación legitima al gobierno sin producir beneficios económicos sustanciales. Mientras tanto, persisten los desafíos económicos, incluida la inflación, los bajos ingresos, la falta de inversión extranjera y el deterioro de los servicios públicos. El economista Luis Bárcenas señala que estos problemas estructurales obstaculizan el crecimiento potencial, a pesar del cauto optimismo entre algunos líderes empresariales. Además, el acercamiento de algunos sectores empresariales tradicionales hacia el régimen de Maduro ha provocado descontento entre la oposición de línea dura y las facciones de izquierda radical, lo que demuestra aún más el complejo y controvertido panorama de la política y la economía venezolanas. Texto original por Tony Frangie Mawad publicado en->NuevaSociedad

El 25 de junio, Reuters informó que un grupo de inversores que tenían bonos venezolanos habían contratado al bufete de abogados Orrick, Herrington & Sutcliffe para que los representara en la futura reestructuración planificada de la deuda de Venezuela. El grupo, conocido como Comité de Acreedores de Venezuela (VCC), incluye firmas de gestión de activos como Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC, Greylock Capital, Mangart Capital, T Rowe Price Associates, Inc y Fidelity Investments. Esta medida se produce tras el incumplimiento de Venezuela de su deuda de 60.000 millones de dólares en 2017 bajo la administración de Nicolás Maduro, que incluía obligaciones tanto del gobierno como de la petrolera estatal PDVSA. Una figura clave en este escenario, David Syed, anteriormente en Orrick y ahora en Dentons Europe, ha sido el representante legal de Venezuela en las negociaciones de reestructuración de deuda desde 2017. Syed, que opera desde Praga, coordina con abogados venezolanos en Caracas. Este esfuerzo legal y de cabildeo involucra a múltiples partes interesadas, incluido el gobierno venezolano e inversionistas internacionales, con el objetivo de navegar por el complejo panorama financiero y posiblemente incluir privatizaciones y negociaciones con la oposición. Expertos consultados por La Gran Aldea revelaron que inversionistas y tenedores de bonos fueron informados que, tras la anticipada reelección de Maduro el 28 de julio, se iniciaría un proceso de renegociación de la deuda. Esto implica un canje de deuda por nuevos bonos que se emitirán a principios de 2025, lo que requerirá una nueva licencia de la OFAC de Estados Unidos. Además de necesitar la aprobación de Estados Unidos, Maduro busca urgentemente inversiones de capital internacional en colaboración con Pdvsa, sinónimo en términos chavistas de privatización. El gobierno también busca el apoyo de la oposición para la renegociación de la deuda. Si bien las decisiones se toman desde Europa, la representación legal venezolana, que involucra a firmas como Dentons y Alfredo De Jesús Ojeda, maneja importantes casos de arbitraje, incluido el notable caso de expropiación de ConocoPhillips por valor de 8.700 millones de dólares. Curiosamente, un exdiputado de la oposición involucrado en estos asuntos ocupa simultáneamente un puesto clave en un importante partido político, cuestión que los dirigentes de su partido pasan por alto. El evento de Londres ha sacado a la luz algunas de estas cuestiones para una mayor investigación. Texto original de Alejadro Hernández publicado en -> LaGranAldea

Venezuela faces two significant events next month: a presidential election and the announcement of the winner of a U.S. court-ordered auction for PDV Holding, the Venezuelan owner of Citgo Petroleum. The Caracas military dictatorship is attempting to manipulate the July 28 election and blame the democratic opposition for Citgo’s potential loss. This narrative overlooks that the auction is to compensate for expropriations made by Hugo Chávez’s Bolivarian revolution. The electoral environment in Venezuela is skewed, with political activists jailed and the popular opposition candidate, María Corina Machado, blocked from running. Despite this, substitute candidate Edmundo González Urrutia leads in polls by over 20 points. However, dictator Nicolás Maduro is unlikely to concede and may rig the results, as evidenced by new polling stations in controlled areas and potential voter harassment. Twenty-eight former heads of state and allies like Brazil and Colombia have urged Maduro to respect the election results. Citgo, a symbol of Venezuelan pride, is central to the regime’s plan to justify a fraudulent election result, blaming the opposition for creditor claims. However, this doesn’t align with voter surveys showing strong opposition against Maduro. The Chávez-Maduro regime, in power since 1999, has amassed over $140 billion in external debt. Chávez’s expropriation spree led to investor disputes, with Canadian company Crystallex winning a $1.4 billion arbitration award, leading to the current auction of PDV Holding shares. The U.S. previously protected Citgo during the interim Guaidó government, but once that effort failed, Venezuela had to face the repercussions of its actions. Next month’s auction, if it proceeds, will be a critical juncture in Venezuela’s ongoing economic and political crisis. Original text by Mary Anastasia O’Grady, published in-> Microsoftstar

Venezuela está experimentando uno de los mayores colapsos económicos registrados en la historia fuera de tiempos de guerra, según el economista Ricardo Hausmann. El PIB del país se ha desplomado a aproximadamente una cuarta parte de lo que era en 2013, lo que representa una contracción del 75%, que es claramente mayor que la disminución del 9% observada durante la recesión de España de 2011. La capacidad productiva de Venezuela ha disminuido significativamente; la generación de energía eléctrica es insuficiente, la producción de petróleo ha disminuido de 3,4 millones de barriles por día bajo Hugo Chávez a 700.000 y el uso de la tierra agrícola se ha reducido drásticamente. Aproximadamente ocho millones de personas han emigrado de Venezuela. La moneda del país se ha devaluado enormemente, y Chávez y su sucesor Nicolás Maduro eliminaron colectivamente 14 ceros del bolívar. La hiperinflación ha dejado la moneda física casi obsoleta, y la mayoría de los precios ahora se fijan en dólares estadounidenses. Los empleados del sector público cobran alrededor de 20 dólares al mes, cantidad insuficiente para cubrir las necesidades básicas, lo que alimenta el éxodo masivo y el colapso de las funciones estatales. Hausmann enfatiza la necesidad de reconstruir diversas capacidades (petróleo, electricidad, seguridad, infraestructura y educación) e insiste en que se requiere una intervención estatal significativa y un mayor gasto público, independientemente de los debates ideológicos entre liberalismo e intervencionismo. Sostiene que un Estado funcional debe preceder a cualquier debate entre mercado y Estado. Reconstruir el Estado implica restablecer la dignidad del servicio público y establecer finanzas públicas sanas, libres de la impresión inflacionaria de dinero y dependientes de la financiación en dólares de organismos internacionales. La preferencia de Maduro por distribuir “bolsas provisionales” en lugar de aumentar los salarios mínimos es criticada como una herramienta de control político más que como una estrategia económica viable. Las reformas futuras deberían centrarse en restaurar los derechos y empoderar a los venezolanos, empezando por la revisión de numerosas leyes restrictivas de la era Chávez-Maduro. Hausmann también subraya la mayor importancia de la confianza política sobre los ajustes económicos menores, haciendo referencia a un debate estadounidense de 2022 en el que la política interna influyó en las decisiones de política exterior sobre la producción de petróleo venezolano en respuesta a la crisis de Ucrania. En conclusión, restaurar la esperanza e iniciar un cambio político en Venezuela se consideran esenciales para mitigar problemas como la emigración masiva y la inestabilidad económica. Entrevista original publicada en -> ElNacional

Venezuela’s upcoming presidential election on July 28 is widely anticipated to be neither free nor fair. Opposition candidate Maria Corina Machado has been prohibited from running, and her substitute has also been barred. The regime has announced the exclusion of EU election observers and has altered polling places to confuse voters. These measures are likely necessary for President Nicolás Maduro, who is polling at less than 20%, and in some polls, under 10%. Separate from the election, a U.S. federal judge is proceeding with the sale of Venezuela’s largest asset, the CITGO oil company, marking the largest court auction of an asset in history. This decision has been termed “truly extraordinary” and “rare,” with CITGO considered an alter ego of Venezuela, which allows creditors to benefit first from the auction due to crimes like expropriations committed by the Maduro regime. There are suspicions that the U.S. State Department may have a covert involvement in this process. This situation is seen as beneficial to Maduro. Since 2019, CITGO’s board has been under Venezuela’s opposition’s control, countering Maduro. If CITGO is lost, Maduro is expected to blame the opposition for losing “Venezuela’s foreign crown jewel” and its most valuable foreign asset. The auction’s timing is considered poorly planned as it concludes just weeks before the Venezuelan election. The legal processes around CITGO have been ongoing since 2017, raising the question of why they must conclude imminently before the election. Approving the final sale of CITGO requires a license from the U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC) at the Treasury. Some argue that the Biden administration could mitigate the potential repercussions by writing to the court to request a delay in the final hearing, pointing out that the auction’s timing—originally set before the election date was announced—now appears harmful to U.S. foreign policy and advantageous to Maduro. Although there’s no certainty this would succeed, not making the attempt seems inexcusable. Original text by by Elliott Abrams, published in -> CouncilonForeignRelations

En poco más de una década, el régimen de Nicolás Maduro ha llevado a Venezuela al borde del colapso. Lo que ha generado el desplazamiento masivo de millones de personas desde 2011. La crisis no solamente afecta al pueblo venezolano sino que también socava la estabilidad regional e internacional. Caracas se ha convertido en un narcoestado y un punto clave de tránsito de drogas hacia Europa, al tiempo que proporciona refugio al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos criminales. Eduardo Varnagy, de la USB, señala que Venezuela se ha convertido en un foco de conflicto regional y global, perdiendo aliados y alineándose con actores controvertidos y antidemocráticos como Rusia, China e Irán. Regionalmente apoya a Cuba y Nicaragua y presiona a la región del Esequibo de Guyana, desempeñando un papel desestabilizador. El país ha experimentado un severo colapso económico, con una hiperinflación que afecta profundamente al 90% de la población, lo que lleva a algunos de los salarios más bajos de América Latina. La crisis económica ha provocado una violencia generalizada y un uso desproporcionado de la fuerza por parte del régimen. Más de 7 millones de personas han huido de Venezuela, lo que la convierte en una de las migraciones más grandes a nivel mundial, solo superada por Siria. La incertidumbre política, la corrupción y las instituciones débiles dañan aún más el sistema financiero de Venezuela. Transparencia Internacional describe a Venezuela como la nación más corrupta de América. La corrupción judicial garantiza la impunidad de las redes criminales, y algunos funcionarios judiciales están siendo investigados por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes contra la humanidad. Varnagy destaca la preocupación de que Maduro por utilizar conflictos externos, como con Guyana, para distraer la atención de los asuntos internos, generando preocupaciones geopolíticas en las Américas. Las llamadas “zonas de paz” en Venezuela se han convertido en algunas de las áreas más peligrosas, controladas por organizaciones criminales. Grupos como el ELN, disidencias de las FARC y el Tren de Aragua se han apoderado de estas zonas, dedicándose a actividades como el narcotráfico, la minería y la prostitución. De los 35 grupos criminales que existen en Venezuela, 10 tienen influencia significativa debido a su estabilidad económica, capacidad militar y control territorial. El ELN lidera con más de 1.000 miembros activos, seguido por el Tren de Aragua, que ha ampliado sus operaciones a otros países de América del Sur. Venezuela se ha convertido en un “Estado híbrido” donde grupos armados ilegales colaboran con el régimen, facilitando el tráfico de cocaína. Esto ha generado preocupaciones globales, con sólo unos pocos países, como Rusia, China, Irán, Nicaragua y Cuba, dispuestos a asociarse con el controvertido modelo económico de Venezuela. Aliados como China, Rusia e Irán ayudan a sostener el régimen de Maduro, que representa una amenaza a la soberanía latinoamericana. Texto Original por Julieta Pelcastre, publicado en-> Diálogo