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El gobierno de Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad son responsables de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de corta duración y han encarcelado a opositores, juzgado a civiles en tribunales militares, torturado a detenidos y reprimido a manifestantes. Se han valido del estado de excepción impuesto en respuesta al Covid-19 como pretexto para aumentar su control sobre la población. La falta de independencia judicial ha facilitado que estos delitos queden impunes. Las autoridades judiciales han participado o sido cómplices de los abusos.Texto Completo-> HRW
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