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Por Alfredo Michelema
La Haya, una ciudad en los Países Bajos, se ha convertido en un lugar simbólico para la justicia internacional. Hace más de una década comenzábamos a escuchar aquello de “Te espero en La Haya”. Proposición que el embajador Diego Aria remataba con “No es retaliación, no es venganza, es justicia”. La justicia ha tomado su tiempo pero sigue avanzando.
La Corte Penal Internacional (CPI) investiga a Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad desde 2018. Ella inició el examen preliminar del caso de Maduro en febrero de 2018. Ese año también un grupo de Estados, miembros del ya fenecido Grupo de Lima, solicitaron al Fiscal que comenzara una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el territorio de Venezuela. En diciembre de 2020, la fiscalía afirmó que había una “base razonable” para creer que Venezuela ha cometido crímenes de lesa humanidad. Y un año después anunció su decisión de proceder con las investigaciones, dando por concluido el examen preliminar.
Tres años hubo que esperar para que la CPI abriera una oficina en el país, con la esperanza de trabajar “más de cerca” con Venezuela y ayudar en la implementación de reformas judiciales, garantizando “más justicia” en el país sudamericano.
La creación de esa oficina en el país puede permitir que el régimen pueda potencialmente mantener cierto nivel de control sobre el proceso de investigación. Al permitir que el gobierno se involucre para facilitar el acceso a testigos y pruebas, dándoles cierto grado de influencia en la configuración de la narrativa que rodea los presuntos delitos. La presencia de una oficina de la CPI en Venezuela podría proporcionar una sensación de legitimidad al régimen de Maduro, al mostrar la voluntad de comprometerse con una institución judicial reconocida internacionalmente, Esto puede ayudar a mejorar la imagen del régimen en el escenario mundial y contrarrestar las acusaciones de abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ventajas para el régimen de Maduro deben verse con cautela, ya que pueden verse como intentos de manipular el proceso o controlar la narrativa.
Para las víctimas, la presencia de la CPI en Venezuela ofrece la oportunidad de buscar justicia a nivel internacional. Brinda una plataforma para que se escuchen sus voces y se aborden sus quejas, lo que podría conducir al enjuiciamiento de los responsables de los delitos cometidos contra ellos. Además, demuestra el reconocimiento internacional del sufrimiento que soportan las víctimas de abusos contra los derechos humanos en el país. Envía una señal de que la comunidad internacional participa activamente en la búsqueda de justicia para las víctimas y proporciona un sistema de apoyo que puede ofrecer asistencia, protección y acceso a los recursos. La presencia de esa oficina puede actuar como un elemento disuasorio de futuros abusos contra los derechos humanos. Saber que la comunidad internacional está monitoreando e investigando presuntos delitos puede potencialmente disuadir a los perpetradores de cometer más abusos, lo que contribuye a la prevención de futuras violaciones.
El éxito final de la presencia de la CPI en Venezuela dependerá de la independencia de la corte, la autenticidad de la cooperación del régimen y la capacidad de la CPI para responsabilizar a los perpetradores mientras prioriza los derechos y necesidades de las víctimas. En resumen, aunque el camino ha sido largo, la justicia sigue avanzando y la presencia de la CPI en Venezuela puede ser un paso importante hacia la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas de abusos contra los derechos humanos.
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